RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES GENERALIDADES
En los cuerpos normativos se reconoce una
clara independencia a los órganos jurisdiccionales, en aseguramiento de la
mejor garantía de que adoptaran sus mejores decisiones con plena libertad. Pero esta facultad que se le otorga a los
órganos jurisdicciones no solo establece la independencia de jueces y
magistrados sino también su responsabilidad.
A criterio de PUIG F ERRIOL el cual expone lo
siguiente:
“En sede de
responsabilidad civil se distingue entre la denominada contractual y
extracontractual, motivo por el cual parece oportuno precisar; en cuál de estas
dos categorías procede encuadrar la responsabilidad civil de los jueces y
magistrados. La respuesta viene en buena parte condicionada por la naturaleza
jurídica que se predique del proceso; cuestión por lo demás controvertida y
cuyo tratamiento en profundidad exigiría aparte de los límites que enmarcan
este trabajo.
Parece suficiente recordar que con arreglo a una teoría más o menos
clásica, se requiere configurar en el proceso como una RELACIÓN CONTRACTUAL establecida entre las partes procesales de una
parte y el organismo jurisdiccional de otra; o según una variante de esta
teoría, se habla de un proceso como una particular manifestación de la
categoría más general y difusa de los cuasi contratos.” (p.14)
LOVON SANCHEZ,
sostiene que “Los jueces no pueden estar excluidos por razones de su función a algún
privilegio que es a su vez, injusticia para otro. Por el contrario, es quien
por su misión esencial delicada y trascendente da ejemplo de virtud, de
moralidad, de ejercicio cuidadoso y esmerado de sus funciones y por tanto,
ejemplo de civilidad. Este funcionario público no debe estar exento de
responsabilidad”. (p.46)
Es la que determina la obligación de reparar
el daño causado cuando este ha tenido su origen en la mala fe en el obrar del
agente. De acuerdo al Art. 509 y 510 del C.P.C. la responsabilidad Civil de los
Jueces se encuentra limitada a los siguientes casos: a) Falsedad, b) Fraude, c)
Denegar justicia al rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia, d)
Emitir Resolución que contraria su propio criterio sustentado en causa similar,
salvo que motive los fundamentos del cambio.
La culpa inexcusable en el campo de la actividad jurisdiccional es
la que se produce cuando el Juez yerra en forma notoria o manifiesta, porque el
asunto que no amerita duda y por tanto, solo tiene un sentido de interpretación
y de aplicación el Juez interpreta y aplica en forma diversa del mandato de la
norma procesal o sustantiva.
De acuerdo a nuestra legislación, los jueces
responden únicamente por culpa inexcusable
y solo en los casos siguientes:
a) Grave error de derecho
La diferencia entre error de derecho y el
error de hecho radica en que el primero: consiste en el conocimiento
equivocado, interpretación errada o inexacta aplicación de la norma de derecho.
Mientras que el segundo: recae en todo lo que no sea norma jurídica. Ejemplo:
Las personas al celebrar un acto jurídico, pueden incurrir en error de hecho o
de derecho lo que constituye un vicio de la voluntad como prevé el C.C.
vigente. En tanto, si el error de derecho lo comete un Juez, estamos frente a
una impericia que juntamente con la negligencia y la imprudencia son formas que
toma la culpa. Por lo que, el error de derecho cometido por el Juez puede ser
de dos clases:
- Error IN IUDICANDO.-
Dice CALAMANDREI citado por CELSO QUISPE (2009) expone que:
“cuando el juez yerra in indicando, hace algo
más que no ejecutar una voluntad de la Ley, es decir, hace decir a la ley lo
que la ley no quiere decir, abusa del poder de mando que el estado le confía,
para dar fuerza de ley a lo que es la negación de la verdadera voluntad de la
ley”. (p. 51)
- Error IN PROCEDENDO.- Incurre el Juez, cuando deja de aplicar o
aplica mal e inaplica una norma de carácter procesal.
b) Interpretación Insustentable de la Ley
Interpretar
es comprender, declarar, explicar, aclarar e incluso completar el significado
de lo oscuro o insuficiente. En el caso de un Juez, en ejercicio de la función
jurisdiccional, incurre cuando la interpretación no se ajusta a las pautas que
la doctrina reconoce en los diferentes tipos de interpretación, cuando la
Resolución no se sustenta o no se motiva, cuando la norma existe pero requiere
por parte del Juez una labor interpretativa no solo en cuanto al espíritu y
alcance de ella sino también en cuanto a su adecuación al caso concreto.
c) Indefensión por no analizar hechos probados
A criterio de CABANELLAS
citado por CELSO QUISPE (2009) lo define “Como la falta de defensa actual o permanente, desamparo
o carencia de protección y también la equipara como la situación de la parte a
quien se niega en forma total o se regatean los medios procesales de defensa;
ser oído por el juzgador y patrocinio por letrado”.(P.49)
Por lo tanto, puede
presentarse en cualquier etapa del proceso judicial Ejemplo: en la etapa
postulatoria, no notificar al demandado, en la etapa probatoria al no admitirse
los medios probatorios ofrecidos por las partes, en la etapa resolutoria cuando
el Juez al Sentenciar no analiza los hechos probados.
d)
Resolver
en discrepancia con lo opinado por
el Ministerio público o en discordia, según sea el caso en temas sobre los que
existe Jurisprudencia obligatoria o uniforme o en base a fundamentos
insostenibles. En este caso la responsabilidad se presume.
La doctrina peruana enfocada por el gran jurista
de TRAZEGNIES GRANDA, en términos generales la jurisprudencia administrativa y
judicial del siglo XIX es contraria a la idea de una responsabilidad
extracontractual del Estado, durante la vigencia del C.C. de 1,852
“Primo la convicción de que al Estado en principio
no puede exigírsele responsabilidad civil porque sus múltiples suspicacias y que debe ser de
profunda reflexión. No cabe duda la posibilidad de que el Juez pueda ser
responsabilizado económicamente por sus sentencias cuando sus fallos involucran
poderosos intereses patrimoniales. Ej. ¿Qué Juez se atreverá a ordenar la
paralización de una fábrica contaminante, si corre el riesgo de que, ante una
acción de responsabilidad instaurada por la empresa propietaria, otro Juez
disponga que la medida era equivocada y que consiguientemente, el juez que la
ordeno debe abonar una suma millonaria por los daños y perjuicios causados por
tal medida? Otro ¿Qué tribunal se atreverá a declarar fundado un amparo contra
la medida del Gobierno, si después este puede demandarlo para que pague de su
peculio los daños pretendidamente causados al País por impedir la ejecución de
una disposición administrativa que se considera fundada en el bien social?. Definitivamente
se trata de riesgos muy graves que gravitaran indudablemente en el razonamiento
del Juez y en su apreciación de las circunstancias.
Por eso, la tradición anglosajona es
opuesta a la responsabilidad de los magistrados. Sin embargo, ello no quiere
decir que el Estado como tal no sea responsable, sino los Jueces son
funcionarios del Estado y consiguientemente, existe la responsabilidad vicaria
del empleador por los actos de sus funcionarios. Finalmente, el autor sostiene
que para ejercitar una acción de responsabilidad contra el estado no se
requiere de ningún texto expreso, sino que el Estado está sujeto como todo el
mundo a las reglas de responsabilidad extracontractual del C.C. como la vicaría
en el caso de daños judiciales. Hay quienes sostienen que el error judicial
solo es indemnizable cuando se trata de sentencias penales porque pueden ser
revisables.
En cambio, la sentencia civil que ha
quedado consentida o contra la cual se han agotado todo los recursos
impugnatorios, es RES EUDICATA y no puede ser cuestionada en forma alguna. Lo
cual confunde la indemnización con la revisión contenido en sentencia.
Precisamente, si por error o dolo la sentencia otorga un derecho a quien
manifiestamente no le corresponde en perjuicio de otro, el daño causado a este
último es irreversible y solo puede ser reparado mediante una indemnización”.
Por otro lado jurisconsulto ARIANO DEHO
(2000) expone lo siguiente:
La gama de teorías es amplia, desde la que
considera que los jueces son absolutamente irresponsables por las decisiones
que emitan, otra que considera que los jueces son responsables pero de manera
restringida y finalmente la teoría que admite la responsabilidad amplia del
Juez. Estas teorías tienen algunas variantes como de considerar responsable al
Estado y no al Juez frente al litigante, y que este a su vez ¨ repita ¨ contra
el juez y otras modalidades, sin embargo, solo nos referimos a los principales:
Defiende la posición de que los jueces no
responden por los daños que ocasionen en el desempeño de la función
jurisdiccional, basándose en argumentos de diferente índole.
Tiene origen feudal basado en que “El rey no
puede causar un daño al pueblo, no puede estar equivocado, ni puede ser
injusto” Ese es el sustento actualmente insostenible. Otro argumento es el de
la “Autoridad de la cosa juzgada” esto quiere decir que en el transcurso del
proceso la ley prevé la posibilidad de usar medios impugnatorios, en
consecuencia si hubo un error en el proceso, este debe ser subsanado, por eso
es que la decisión final que se emita tiene autoridad de cosa juzgada, porque
crea derechos en sí misma, es decir, más allá de los errores que contenga.
Habiendo perdido vigencia la teoría de la
irresponsabilidad, llegó a aceptarse la irresponsabilidad del juez, pero de
manera restringida recibiendo legislativamente un trato diferente. Es así que
la responsabilidad del juez se limita a los casos que expresamente señala la
ley, como ocurre actualmente en nuestro Código Procesal Civil.
Esta teoría tiene algunas variantes, como la
referida a la responsabilidad solidaria, que señala que el juez es responsable,
pero de manera solidaria con el Estado. El juez lo que hace es impartir
justicia en nombre del estado, entonces lo que hay es una suerte de
responsabilidad compartida o solidaria, por decirlo de alguna manera. Hay una
responsabilidad directa del estado, como ente que designa a los magistrados y
en consecuencia, debe haber solidaridad entre ellos.
Esta teoría con criterio de
equidad defiende la tesis de que los jueces deben responder por los daños que
ocasionen en el ejercicio de sus funciones. Sus defensores sostienen que los
jueces deben responder como cualquier otra persona, sea este un profesional o
no debe expresarse en forma clara y contundente que esta teoría consagra el
principio de responder ampliamente por todo daño causado a litigantes y a
terceros, y por todos los casos de dolo o de culpa de cualquier gravedad.
La
tratadista ARRATE ARISNABARRETA citado por CELSO QUISPE (2009); expone:
“Indica que esta teoría sostiene que el juez
debe reparar con sus bienes los daños que cause, sirve de base el siguiente
postulado:” toda actividad humana que cause un perjuicio u otro por dolo o por
culpa, debe ser materia de una reparación”.(p.56)
Debido a la
problemática de la norma vigente prevista en nuestro código procesal; algunos
autores han puntualizado sobre el tema de responsabilidad civil de los jueces a
criterio del grupo; lo establecido por ARIANO DEHO EUGENIA (2004) es más
analítico y juicioso.
“Ciertamente en un estado de derecho no puede haberse
ejercido del poder sin responsabilidad y, como dijimos al inicio del presente
trabajo, la pregunta es quien responde por los daños que tal ejercicio puede
ocasionar. En el caso de los daños ocasionados por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional el hacer descansar todo el sistema de responsabilidad civil
sobre los propios jueces puede, en primer lugar, hacer peligrar uno de los
soportes básicos de todo el estado de derecho cual es la independencia
judicial, y por otro, conducir a resultado meramente liricos para victima la
cual aun cuando venciera en el proceso contra el juez, difícilmente obtendrá la
efectiva reparación del daño, por la obvia razón que el juez no necesariamente
cuenta, en su patrimonio, con bienes suficientes que responden por la
obligación impuesta por la sentencia.”(p.317)
Con
respecto a la problemática de determinar cuando el juez incurre en
responsabilidad civil, la jurisconsulto ARIANO DEHO (2004) cita a los autores
GARCIA ENTERRIA Y FERNANDEZ; los cuales exponen lo siguiente:
“Así ocurre, por lo pronto, cuando la responsabilidad se
predica de personas jurídicas en la medida en que estas solo pueden actuar a
través de las personas físicas. En tales casos, y en todos aquellos casos en la
que la responsabilidad se configuran legalmente al margen de la idea de culpa,
la imputación no puede realizarse a la mera acusación del daño, sino tiene que
provecharse, previa justificación de su procedencia, en otras razones o títulos
jurídicos diferentes, ya sea la propiedad de la cosa que ha producido el daño,
la titularidad de la empresa en cuyo seno ha surgido el perjuicio, la
dependencia en que al respecto al sujeto responsable se encuentra el autor
material del hecho lesivo, o cualquier otra. Siendo la administración una
persona jurídica, el problema de la imputación de responsabilidad se plantea en
los términos que acabamos de decir, lo cual hace necesario precisar los títulos
en virtud de los cuales pueda atribuírseles jurídicamente el deber de
reparación.”(p.321)
Por lo expuesto
anteriormente la jurisconsulto ARIANO DEHO EUGENIA (2004) propone un concepto
de adecuado al régimen de responsabilidad:
En nuestro concepto un adecuado régimen de responsabilidad
seria el siguiente:
1)
Desde el ángulo
de los jueces no nos cabe ninguna duda que la responsabilidad por desviación de
su primario debe ser de sometimiento a la ley debe conducirnos a la
responsabilidad disciplinaria y penal.
2)
Desde el ángulo
de justiciable-victima la objetiva desviación del órgano jurisdiccional (tanto
del juzgador como los auxiliares jurisdiccionales) de su sometimiento a la ley
debe conducirnos a una responsabilidad por daño provocados a cargo única y
exclusivamente del estado-juez .dentro de este supuesto debería comprenderse
tanto los daños que provoca una resolución “devenida jurídicamente inadecuada”
como de las normas reguladoras del ejercicio de las potestades jurisdiccional,
o sea del proceso (lo que los españoles llaman “funcionamiento anormal de la
administración de justicia”, que no necesariamente serian provocados por la
acción u omisión del juez sino también de los auxiliares.(p.320-321).
La autora no
recomienda que se personalice a la responsabilidad civil del juez; pues de
deviene en un argumento absurdo; pues si los jueces y magistrados incurren en
error bajo esta perspectiva de personalizando la responsabilidad debería recaer
también a los miembros del órgano jurisdiccional (control interno del órgano
del poder judicial y de los magistrado y sus auxiliares), otro ello incurriría
en absurdo. Pues estos acciones jurisdicciones jamás debe desligarse de estado
de derecho; por ende los resultados dañosos que deriva de la responsabilidad
civil de los jueces y magistrados (actividad judicial) debía responder el
estado.
ANÁLISIS NORMATIVO
La
Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita en San José de Costa
Rica en el año 1969. De acuerdo al contenido de dicho tratado internacional los
Estados miembros de la comunidad internacional buscaban reafirmar su propósito
de consolidar en el continente americano un régimen de libertad personal y de
justicia social que fuese desarrollado en un entorno democrático respetando los
derechos esenciales del ser humano.
Los
Derechos Humanos se basan en la necesidad de los pueblos en la obtención y
mantenimiento de la dignidad de cada ser humano, su respeto y su protección,
bajo esas condiciones se desarrolla y se logra la satisfacción de las
necesidades espirituales del hombre.
El
principio de exigibilidad en materia de Derechos Humanos, reclama disponer de
instrumentos, mecanismos y procedimientos de protección a los mismos, de modo
que cualquier violación de ellos no quede impune, ni cualquier víctima se quede
sin una reparación.
El
principio de exigibilidad se enfrenta a conceptos como “asuntos internos” o
“principio de la no injerencia” que mal entendidos, han permitido la constante
impunidad de la violación de los derechos desde que éstos fueran declarados
como universales hace ya más de medio siglo.
Otro
derecho humano fundamental es el derecho a la indemnización. En tal sentido el
Pacto de San José señala en su artículo 10 lo siguiente: “Toda
persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido
condenada en sentencia firme por error judicial.” No se hace una mención
específica al área de los derechos humanos.
La
figura de la indemnización y protección a las victimas está enfocada desde un
punto de vista más amplio en la Constitución. “El Estado tendrá la obligación
de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos
humanos que le sean imputables, o a su derecho habiente, incluido el pago daños
de y perjuicios.
El
Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer
efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.
El
Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los
culpables reparen los daños causados”.
Origen y ejercicio del poder estatal
El poder del Estado emana del pueblo.
Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la
Constitución y las leyes establecen.
Ninguna persona, organización, Fuerza
Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogar se el ejercicio
de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.
La
primera parte de este artículo ratifica la doctrina política y la forma de
gobierno adoptada por el Estado peruano, consagrada además expresamente en el
propio Preámbulo y en el artículo 43 de nuestra Constitución.
Dicho
precepto enuncia que el poder del Estado deriva del pueblo –su detentador
originario- y que quienes lo ejercen están sometidos a los límites y
responsabilidades que establece el ordenamiento jurídico. Es decir, el artículo
45 corrobora que el Estado peruano es una República democrática.
Como
bien afirma Marcial Rubio923, el Perú será una república porque tiene
organización basada en autoridades todas emergentes de la sociedad, sin
privilegio alguno de carácter monárquico, guiado por los principios antedichos;
y será democrático porque la manera de asignar el poder es la de decisión del
pueblo a través de elecciones periódicas y con posibilidad de participación
mediante procedimientos de democracia directa.
Nuestra
Constitución reconoce expresamente, a través de distintos artículos, la
obediencia al mandato del pueblo ya sus representantes. De la lectura de los
principios filosóficos que inspiran nuestra Constitución, se advierte que nos
encontramos dentro de un marco normativo constitucional que consagra una
democracia representativa, a través de la cual el pueblo elige y los
gobernantes elegidos ejercen el poder en representación del pueblo. En resumen,
los representantes no son los titulares del poder y lo ejercen exclusivamente
en representación del pueblo que los elige.
Es
importante mencionar que todos los ciudadanos en circunstancias de normalidad y
equilibrio político, social y económico, debemos obediencia al gobierno ya sus
autoridades elegidas en forma democrática. El Presidente de la República y las
autoridades elegidas en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la
Constitución y las leyes son los únicos legitimados para ejercer la
representación del Estado, y ningún civil o militar puede atentar contra el
ejercicio legítimo de ese poder o modificar el régimen constitucional.
El
pueblo no gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas
por la Constitución.
Desde
1933 se consagró con rango constitucional el derecho que tiene todo procesado a
ser indemnizado por los errores judiciales cometidos en los procesos penales,
garantía que se hizo extensiva en la Constitución de 1979 a la indemnización
por las detenciones arbitrarias. La Constitución Política vigente, siguiendo a
la anterior consagra este derecho en el artículo 139 inciso 7; y si bien no ha
sido desarrollado legislativamente, se encuentra vigente una ley preconstitucional, la Ley N° 24973 que
regula el tema de las indemnizaciones.
La
presente ponencia tiene como finalidad efectuar un análisis de la disposición
constitucional antes indicada, para lo cual se recurrirá principalmente al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que en el ámbito interno
lamentablemente no ha encontrado mayor desarrollo doctrinario y
jurisprudencial.
La indemnización por los errores judiciales y por las
detenciones arbitrarias en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Conocemos que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos logra un gran
impulso después de la Segunda Guerra Mundial, marcando un hito histórico la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de este poderoso
instrumento de protección de los derechos humanos, diversos tratados
internacionales desarrollaron los derechos en ella contenidos, con la finalidad
de dotarlos de fuerza vinculan te, sin desconocer el gran valor axiológico y
carácter vinculante que la Declaración ha adquirido a la fecha.
La
vigente Constitución, siguiendo la orientación de la Constitución anterior, lo
consagra en el artículo 139 inciso 7, tanto para los errores judiciales en los
procesos penales y para las detenciones arbitrarias, con el agregado: "sin
perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar".
Este
último enunciado nos remite a la legislación concordante, en la que debemos
incluir las normas sobre responsabilidad civil de los jueces previstas en los
artículos 509 al 518 del Código Procesal Civil; los artículos 192 y 200 del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre la
responsabilidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones, encargando el
artículo 19 a la Oficina de Control de la Magistratura y al Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial las quejas de hecho por responsabilidad funcional. Y también
el artículo 8 del Código Procesal Constitucional, referido a la responsabilidad
del agresor, norma aplicable pues es una disposición general de los procesos de
la libertad, entre ellos el hábeas
corpus, que protege a las personas frente a detenciones ilegales y/o arbitrarias.
La
norma específica, es la Ley N° 24973 del 28 de diciembre de 1988607, norma
preconstitucional que establece los supuestos para tener derecho a la
indemnización por detención arbitraria: a) La persona privada de su libertad
por la autoridad policial o administrativa, sin causa justificada o, existiendo
esta, si se excede de los límites fijados por la Constitución o la sentencia; y
b) La persona que no es puesta oportunamente a disposición del juez competente
dentro del término establecido por la Constitución.
El
artículo 3 establece los casos en que procede la indemnización por error
judicial: a) Los que, luego de ser condenados en proceso judicial, hayan
obtenido en el juicio de revisión, resolución de la Corte Suprema que declara
la sentencia errónea o arbitraria; y b) Los que hayan sido sometidos a proceso
judicial y privados de su libertad como consecuencia de este y obtenido
posteriormente auto de archivamiento definitivo o sentencia absolutoria. Regula
también el procedimiento para su ejercicio, estableciendo que las
indemnizaciones serán abonadas por el Estado a través del Fondo Nacional
Indemnizatorio de Errores Judiciales y Detenciones arbitrarias, cuyo Reglamento
fue aprobado mediante Resolución N° 001-90-FNI del 14 de diciembre de 1990
Aquél que tenga a otro bajo sus órdenes
responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en el
ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo
y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria.
En
el debate doctrinal sobre las normas de la responsabilidad civil
extracontractual en general se han desarrollado múltiples posiciones respecto a
las funciones perseguidas por esta rama del Derecho, entre las cuales destacan,
principalmente, la función indemnizatoria (o, si se quiere, resarcitoria o
reparativa), la punitiva y la preventiva (DíEZ-PICAZO, DE TRAZEGNIES).Si bien
no resulta oportuno examinar en detalle cada una de estas funciones, para los
efectos del presente comentario resulta necesario detenemos brevemente en la
función preventiva o disuasiva, en
marcada dentro del contexto de la teoría de la difusión social del riesgo
asociada a la corriente doctrinal del Análisis Económico del Derecho.
La vertiente más tradicional del Análisis Económico del
Derecho postula que la principal función del sistema de responsabilidad civil
extracontractual es la prevención o reducción, en la mayor medida posible, de
los daños resultantes de las distintas actividades que, pese a conllevar riesgos,
la sociedad está dispuesta a tolerar (BULLARD, CALABRESI, DE TRAZEGNIES,
POSNER). Estos daños típicamente se encuentran vinculados a tres tipos de
costos, comúnmente denominados costos primarios -esto es, los costos causados a
la víctima del perjuicio que se pretende indemnizar-, secundarios -esto es, los
costos sociales resultantes del accidente derivados de la forma cómo se asigna
o distribuye el impacto económico de los costos primarios- y terciarios -esto
es, los costos asociados a la administración y funcionamiento del sistema de
responsabilidad extracontractual- (BULLARD, CALABRESI, DE TRAZEGNIES). Así las
cosas, desde esta perspectiva, la prevención de los daños resultantes de los
accidentes implica perseguir la reducción de la suma de tales costos, de modo
que podamos gozar de los beneficios asociados a las actividades que conllevan
riesgos de accidentes (por ejemplo, conducir automóviles o producir productos
en masa) al menor costo posible para la sociedad.
Un
mecanismo para reducir la suma de los costos de los accidentes es el asignar
responsabilidad en cabeza del Cheapest Cast Avoider o el más barato evitador
del riesgo, es decir, de aquélla persona que generalmente se encuentre en mejor
posición para prevenir la ocurrencia del daño y para difundir socialmente los
costos resultantes del mismo al menor costo (BULLARD, CALABRESI, DE
TRAZEGNIES). Típicamente, esta segunda labor puede efectuarse mediante los
mecanismos de precios en mercados competitivos o por intermedio del sistema de
seguros. De este modo, por ejemplo, en casos de daños causados por productos
defectuosos, normalmente deberíamos responsabilizar a la empresa fabricante,
quien se encuentra en posición para adoptar mayores medidas de control y
vigilancia de sus procesos productivos a fin de minimizar los riesgos de
defecto y puede, adicional mente, distribuir entre todos los consumidores de
sus productos el costo de los daños ocasionados por aquellos que ocasionalmente
resulten defectuosos.
La autora LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, quien
menciona que «Conforme apreciamos, la Constitución
Política del Estado en el inciso 7 del artículo 139, atribuye responsabilidad
objetiva directa al Estado por los errores judiciales en los procesos penales y
por las detenciones arbitrarias. En cambio, el Código Procesal Civil, regula la
responsabilidad subjetiva directa del juez sustentado en el daño por dolo o por
culpa inexcusable en el ejercicio de la función jurisdiccional proveniente de
procesos no penales. Como se aprecia, el Estado es el gran ausente en la
responsabilidad civil de los jueces. Solo para los casos de ejecución del pago,
podría concurrir-solidariamente con el juez, sin embargo, debemos reconocer lo
vulnerable que se encontraría este, cuando directamente y en forma personal,
tenga que asumir su propia defensa para demostrar lo acertado de su
interpretación y la ausencia de actividad dolosa o culposa, en su actuación
jurisdiccional.
Por lo tanto, “La
responsabilidad del juez opera cuando este genera un daño, como consecuencia del
ejercicio de su función jurisdiccional. Este daño puede ser generado no solo a
las partes sino inclusive a terceros al proceso.”»
Conforme
lo menciona De acuerdo al Art. 509 y 510 del C.P.C. la responsabilidad Civil de
los Jueces se encuentra limitada a los siguientes casos:
a).- Falsedad
b).- Fraude
c).- Denegar justicia al rehusar u omitir un
acto o realizar otro por influencia.
d).- Emitir Resolución que contraria su
propio criterio sustentado en causa similar, salvo que motive los fundamentos
del cambio.
Tal como lo señala el autor QUISPE ZEA, «así también las consecuencias de las faltas incurridas
por el Juez, en la tramitación del proceso o en la sentencia de cualquier
género, pero sin voluntad, malicia o mala fe; esto es por descuido,
negligencia, impericia profesional o imprudencia en el obrar.
La competencia para conocer las pretensiones sobre
responsabilidad civil, en atención al grado y al territorio. La tarea que
cumple el juez en cada grado es diferente: en el primer grado, tiene la
plenitud de las atribuciones para aplicar la norma que, según su análisis,
resulte más apropiada; en el segundo, limita su decisión a los argumentos o
glosas de la parte vencida en la revisión provocada.
El procedimiento que se sigue para este tipo
de pretensiones es el abreviado.
LEDESMA NARVÁEZ, Marianella
realiza un comentario muy interesante ya que menciona que «
La intervención del Ministerio Público, previamente a decidir la admisión o no
de la demanda, constituye uno de los pocos casos en que el éxito de la
admisibilidad está condicionada a la opinión del Ministerio Público. Se
justifica su intervención por estimar que existe un interés público en juego
que hay que tutelar. En su actuación procesal el Ministerio Público ostenta la
representación de la sociedad y la defensa de la legalidad, pero ello no le da
atributos para disponer del Derecho material, a través de alguna conciliación o
transacción, por ejemplo.
“Otro
criterio, estima que más allá del plazo, lo que se busca es contar con la
opinión del fiscal sobre la procedencia de esta.”
Frente
a la resolución judicial presuntamente errónea deberá previamente agotarse
todos los recursos impugnatorios previstos en el ordenamiento jurídico. Para
hablar de error judicial es necesario que se den los siguientes supuestos: que
este se cometa en el curso de un proceso judicial; que esté contenido en una
resolución firme, después de haber agotado los recursos de ley.
El
artículo hace referencia al cómputo del tiempo dentro del cual se puede interponer
la demanda de responsabilidad civil.
El
Código Procesal Civil se acoge un plazo procesal, destinado al cumplimiento de
una actividad procesal en particular como es la demanda. Dicho plazo es legal y
perentorio.
La
responsabilidad de los jueces es una responsabilidad extracontractual especial.
El artículo 515 del CPC establece que el monto, exoneración y carga de la
prueba, las cuales están reguladas por las normas de inejecución de las obligaciones,
por el cual se presume la culpa en lo que corresponde al sujeto al cual se le
imputa haber provocado el daño, el asociar la prueba en contrario, sin embargo,
esta norma es adversa para la víctima porque las normas de responsabilidad
extracontractual están pensadas en el interés de la víctima que ha sufrido un
daño y tiene que probar el nexo de causalidad y que ha sufrido un daño, pero el
título de imputación que sea dolo o culpa no corresponde a él probarlo.
En
nuestro país coexisten dos sistemas: el fundado en la responsabilidad personal
del juez, regulado en el Código Procesal Civil (sistema de responsabilidad
civil del juez, que consiste en que este debe indemnizar ros daños causados por
su propia actividad) y la responsabilidad del Estado frente a los daños
causados por error judicial y por la detención arbitraria, conforme está
dispuesto en la Constitución Política del Estado.
8.9. ARTÍCULO 517: “Efectos de la sentencia”
La
posibilidad de acudir a una instancia jurisdiccional para que se indemnice por
el daño causado en el ejercicio de la función jurisdiccional del juez no puede considerarse
como una tercera instancia o recurso que busque la sustitución de las
resoluciones recurridas, pues su finalidad es la de obtener la reparación del daño
sufrido por la declaración judicial errónea y no -a diferencia de los recursos procesales-
una sustitución de los pronunciamientos de las resoluciones.
Uno
de los efectos que genera la sentencia infundada de la demanda de
responsabilidad civil del juez es la sanción pecuniaria; sin embargo, debe
advertirse que no se trata de la sentencia que declara la improcedencia de la
demanda, sino de una sentencia que desestima el derecho al resarcimiento.
interesante, gracias.
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